Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que Alan García favoreció Carlos Nava, quien archivó definitivamente el caso del Frontón que implicaría a Alan García. Con el archivamiento del caso, García se exculpó en lo que hubiera podido ser una sentencia por violación de derechos humanos. Carlos Nava se vio beneficiado después de que García lo asignara como integrante del Tribuanl de Contrataciones del Estado.

Un extracto de la nota publicada por el diario La República

Como se sabe, dicho organismo se encarga de resolver lascontroversias entre las entidades estatales y los postores. Riera así recordó que Navas Rondón fue designado vocal del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones de Consucode (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado), mediante Resolución Suprema N° 020-2007-EF, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de marzo de 2007.

“Esto confirma que Alan García actuó bajo la tesis de que favor con favor se paga. El magistrado que en el 2002 declaró infundada la queja de derecho que se interpuso en el caso El Frontón fue designado como vocal del Tribunal de Contrataciones cinco años después. Por decir lo menos es un hecho que llama la atención y que debería ser investigado”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.

Asimismo, el director adjunto de ILD explicó que esta decisión fue comunicada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la que dispuso que se reabriera el caso y se deje sin efecto lo que abiertamente era un intento de impunidad.

Por ello, Navas Rondón fue separado de la judicatura el 3 de mayo del 2007, luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidiera en general, vía Resolución No. 051-2007-PCNM, no renovarle la confianza ni ratificarlo en el cargo de Fiscal Superior en lo Penal del Distrito Judicial de Lima.

Como se recuerda, esta semana diversos medios de comunicación, entre ellos La República, cuestionaron que seis de los doce miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado, entre ellos Navas Rondón permanecen en el cargo sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos en le Ley de Contrataciones del Estado.